2019-2023, LA LEGISLATURA DEL BIEN COMÚN

Políticas Migratorias y Justicia

EDUARDO SANTOS ITOIZ
 

En el balance del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, dirigido por el consejero Eduardo Santos Itoiz, figura la puesta en marcha del programa Kideak para atender a jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad, la aprobación de los planes de Acogida, Convivencia Intercultural y Lucha contra el Racismo, el trabajo con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, la digitalización de la Justicia, y el impulso del servicio navarro de ejecución penal y justicia restaurativa.

Programa Kideak
Puesta en marcha del programa Kideak para la atención de jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad que ya han alcanzado la mayoría de edad. Se trata de un programa pionero a nivel del Estado para la atención a los menores no acompañados cuando cumplen los 18 años y carecen de cualquier tipo de apoyo familiar.

Además, en el marco del Plan de Acogida a Personas Migrantes se pondrá en marcha el nuevo punto de información centralizado para la población migrante, donde se dará información de todo tipo de servicios del Gobierno de Navarra (Salud, Educación, Derechos Sociales, etc.). Estará ubicado en la Avda. Roncesvalles de Pamplona, junto al resto de servicios de atención a la población migrante. 

Plan de Acogida, Estrategia de Convivencia Intercultural y lucha contra el racismo
Aprobación de los tres planes que conforman la columna vertebral de legislatura en políticas migratorias: el Plan de Acogida a Personas Migrantes, la Estrategia de Convivencia Intercultural y el Plan de Lucha Contra el Racismo y la Xenofobia. El primero de ellos lleva aparejado el servicio de puntos de información a las personas migrantes en Tudela y Pamplona; el segundo, una red de técnicos en interculturalidad a nivel local; y el tercero, una oficina de atención para recibir denuncias de racismo y xenofobia. Estos tres servicios, medidas estrella de los tres planes, estarán operativos en septiembre de 2022.



Víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia 
Hemos apoyado a las víctimas y sus asociaciones promoviendo y financiando, en colaboración con la UPNA, un estudio sobre el alcance del fenómeno en Navarra. Se ha establecido una intermediación con la Iglesia, consiguiendo su participación en el proceso de reconocimiento a las víctimas.

La Ley Foral aprobada por el Parlamento de Navarra ha sido considerada pionera y referencia en todo el Estado para el reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia.

Digitalización de la justicia
Se ha avanzado en la digitalización de la burocracia judicial, convirtiendo nuestro sistema de gestión procesal en el único del país que permite trabajar con un expediente judicial completamente electrónico, adaptándolo a los requerimientos derivados del Estatuto de la Víctima y mejorando la agilidad en el servicio que prestamos a la ciudadanía. 
Se ha mejorado el equipamiento audiovisual de las salas de vista de los Palacios de Justicia de Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla y Aoiz, permitiendo la celebración de juicios por videoconferencia. Además, se ha puesto en marcha un ambicioso proyecto junto con la UPNA y Tracasa para utilizar los datos que ofrece el expediente judicial para la toma de decisiones de gestión y la ejecución de políticas públicas. 


Servicio Navarro de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa 
Se han integrado los servicios que se ofrecen a la población reclusa, mejorando su atención y encaminando todos los procesos a la reinserción en la sociedad, trabajando con Judicatura y Fiscalía a través de cuatro líneas estratégicas: garantizar los derechos de todas las personas bajo supervisión penal; priorizar las respuestas comunitarias y las penas no privativas de libertad; potenciar el cumplimiento penitenciario en medio abierto; y fomentar la reinserción durante toda la ejecución penal. Para fomentar una justicia más ágil, y a la vez más humana y cercana, se ha apostado por la justicia restaurativa y el uso de sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos que ha permitido ampliar un 25% este tipo de soluciones en la jurisdicción penal.